El programa de Gobierno de Javier Milei en la Casa Rosada inició con una devaluación del 118% que llevó el dólar oficial de $462 a $937. Sumado a la desregulación económica, promovida por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, vigente desde el pasado 29 de diciembre, que habilitó una disparada abusiva de precios en alimentos, servicios públicos, internet y comunicaciones, alquileres, tarifas de electricidad y gas, combustibles, transporte público, prepagas y medicamentos. La inflación, pese a las campañas de redes sociales y el relato libertario, acumula desde diciembre 109,6%.

La supuesta disminución de la variación de los precios es un precario reflejo de las políticas de recesión y estancamiento de la economía, que trajo un combo de despidos, caída de la producción y la industria, el enfriamiento del consumo y la  licuación de los ingresos familiares, de trabajadores, jubilados y empresarios. En otras palabras, el supuesto relato de estabilidad de los precios tiene como contraste el derrumbe del poder adquisitivo y de la capacidad de compra. 

En los primeros seis meses de Milei, la actividad económica cayó un 6%, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Una disminución comparable con el primer trimestre de 2020, cuando la actividad sufrió las consecuencias de la pandemia sanitaria mundial. El hundimiento de la mayoría de las ramas productivas representaron un descenso del 20% en la construcción, de 13,7% en la industria manufacturera, y de 8,7% del comercio mayorista y minorista, en comparación con el mismo período de 2023.

Las consecuencias de la recesión provocada por La Libertad Avanza desencadenó la pérdida de 250 mil puestos de trabajo registrado y la desaparición de 10 mil empleadores, donde las empresas más afectadas son las que tienen hasta 500 trabajadores. A la par, el desastre de Milei desembocó en el aumento de la pobreza a un 55% de la población, con una caída del poder adquisitivo del 24% en promedio y de 33,5% en las franjas más vulnerables de la sociedad, superando los números de la pandemia. Incluso, si se toma el primer trimestre de 2024 la desigualdad por ingresos creció a su nivel más preocupante de los últimos 16 años. 

Entre los desenlaces negativos, el poder de compra en el primer semestre registró una caída del 6,5% de los salarios privados, del 18,4% en los sueldos públicos y del 22,7% en los salarios no registrados, precarizados o en la informalidad. Un escenario que se agudizó con 30 mil despidos en el Estado Nacional, que trajo como correlato la desinversión de la administración central en educación, salud, asistencia alimentaria, viviendas y rutas, y 200 mil despidos privados, donde se destaca que la mitad de ellos provienen de la construcción. Los festejos de superávit fiscal simbolizan la crueldad del vaciamiento del Estado nacional en áreas sensibles y básicas de la vida cotidiana del pueblo argentino, como también de la eliminación de fondos coparticipables a las provincias. 

Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los organismos financieros retrasan créditos de dólares frescos; la recaudación continúa en permanente debacle; el nivel de reservas del país prosigue su ruina; y el Banco Central sigue emitiendo más pesos que en el pasado, al punto de superar la emisión monetaria del primer semestre de 2023. 

El primer semestre de Milei fue con menos industrias, menos consumo, menos mercado interno, menos puestos de trabajo, menos salarios y menos justicia social. Fue con más despidos, más suspensiones, más extranjerización de la economía, más desocupados y más familias sumergidas en la pobreza.